La Ley 21.719 establece un régimen sancionatorio de tres niveles, con multas que pueden llegar hasta 20.000 UTM (≈ $1.434 millones de pesos, con la UTM de referencia de septiembre de 2026). Conocer este régimen es esencial para dimensionar el riesgo real que enfrenta su organización cuando la ley entre en vigor.
Sobre la fecha de vigencia: la ley establece su vigencia plena el 1 de diciembre de 2026. En septiembre de 2026 el Gobierno ingresó un proyecto que propone postergarla al 1 de diciembre de 2027; mientras no se publique, rige la fecha vigente. Ver fuente ↗
🚨 Atención: las sanciones se aplican por cada infracción. Una organización que incumpla varias obligaciones al mismo tiempo puede acumular multas de forma independiente.
Los tres niveles de infracción
Los siguientes ejemplos son orientativos: la clasificación exacta depende del texto legal y de las circunstancias de cada caso.
Infracciones leves
Incumplimientos de menor entidad, por ejemplo deficiencias formales en la información al titular o en los registros internos.
Infracciones graves
Por ejemplo, tratar datos sin una base de licitud, no adoptar medidas de seguridad adecuadas o no gestionar correctamente una brecha.
Infracciones gravísimas
Las de mayor entidad, como el tratamiento indebido de datos sensibles, las vulneraciones masivas o el entorpecimiento de la labor de la Agencia.
En caso de reincidencia, las multas pueden agravarse de forma significativa (hasta triplicarse) y, para empresas de mayor tamaño, la ley contempla además un tope asociado a un porcentaje de sus ingresos anuales.
Equivalencias en pesos referenciales, calculadas con una UTM de $71.700 (septiembre de 2026); el valor de la UTM cambia cada mes.
Criterios que agravan o atenúan la sanción
La Agencia considerará distintos factores para determinar el monto exacto de la multa:
| Factores agravantes | Factores atenuantes |
|---|---|
| Número de titulares afectados | Adopción voluntaria de medidas correctivas |
| Beneficio económico obtenido | Colaboración con la Agencia |
| Reincidencia | No tener infracciones previas |
| Datos sensibles involucrados | Comunicación proactiva a los titulares |
| Vulnerabilidad de los afectados | Programa de cumplimiento acreditado |
¿Quién puede reclamar?
Cualquier titular de datos puede presentar un reclamo ante la Agencia si considera que sus derechos han sido vulnerados, y la Agencia cuenta con facultades de fiscalización propias.
El riesgo reputacional: más allá de la multa
Las resoluciones sancionatorias son públicas. Una multa no solo implica un pago económico: implica que su empresa aparece en un registro público de sanciones, con el daño reputacional que eso conlleva, especialmente en sectores como salud, finanzas o retail.
✅ La buena noticia: las empresas que demuestran un programa de cumplimiento activo antes de recibir un reclamo tienen una exposición menor. El cumplimiento preventivo casi siempre es más barato que la multa.
¿Cómo reducir su exposición?
- Realice un diagnóstico ahora: identifique sus brechas antes de que lo haga un fiscalizador.
- Implemente un canal para los derechos de los titulares: es una obligación visible y fácil de verificar.
- Documente todo: un programa de cumplimiento documentado es el principal respaldo ante una fiscalización.
- Capacite a su equipo: muchas brechas se originan por desconocimiento interno.
- Designe un responsable de privacidad: ayuda a demostrar diligencia y a sostener el programa en el tiempo.
Esta guía es informativa y no constituye asesoría legal. Los montos y la clasificación de las infracciones deben confirmarse con el texto vigente de la ley y con un abogado especialista.
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